Por Octavio Getino
El Decreto del Poder Ejecutivo (1536/02) que acaba de disponer la autarquía del INCAA, reestablece, finalmente, la situación del Organismo a la que tenía en 1996, año en que el gobierno de Menem-Cavallo impuso el ilegítimo manejo de sus recursos por parte del Ministerio de Economía. Desde ese entonces las entidades del cine argentino, junto con las sucesivas direcciones nacionales y consejos asesores del Instituto, reclamaron por el derecho que asiste al Instituto para manejar directamente los recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico, tal como lo establece la Ley de Cine, y que son indispensables para su desenvolvimiento. Recién ahora el Gobierno accedió a las innumerables gestiones que se llevaron a cabo, encabezadas en los últimos meses por la Secretaría de Cultura de la Nación y por el INCAA. A ellos y al conjunto de las entidades y cineastas que acompañaron dicha labor, corresponde el mérito de haber reconquistado un derecho legítimo del cine nacional.
El decreto que ahora confirma la autarquía del Instituto tiene su explicación en los poderes discrecionales que otorga una ley de “emergencia” al Poder Ejecutivo y que fuera aprobada por el Congreso durante el gobierno de Cavallo-de la Rúa, no para preservar los intereses del pueblo argentino, sino para burlarse de los mismos (expropiación de ahorros, recortes
del 13%, etc.). Si hoy se acepta e, incluso, se celebra dicho decreto, solo es porque reestablece la vigencia de lo dispuesto en la Ley de Cine, una ley que nadie regaló, que mucho costó conseguir, y que desde hace seis años estaba siendo “ninguneada” por los sucesivos gobiernos con la complicidad de la mayoría del Poder Legislativo.
Sin embargo, esta autarquía –que operativamente lo es tanto del ministerio de Economía como de la Secretaría de Cultura- implica también nuevos desafíos para el cine argentino. El decreto con que ella vuelve a legitimarse, establece algunos cambios en la situación tradicional del Instituto de Cine. Una de ellas consiste en que el INCAA es, a partir de ahora, un “ente público no estatal”, cuyos gastos corrientes y gastos de capital “no podrán exceder el producido de los recursos propios afectados”. Ello implica la posibilidad de que tales “recursos” puedan ser eventualmente “afectados”, si es que llegara a sancionarse alguna nueva ley o decreto que viniera a reducir los ingresos del Instituto tal como ellos están pautados en la Ley de Cine –tema que el INCAA y la Secretaría de Cultura discuten en estos días con un sector de Economía en relación a los fondos procedentes de la televisión, vía COMFER – o bien, si existiera un manejo inadecuado de los recursos genuinos del INCAA. Una situación que obliga a mantener la guardia para que los recursos y los derechos se preserven con plenitud.
A su vez este decreto pone en manos del Director del Instituto – desde ahora “Presidente” –
un poder mayor al que tuvo nunca. A él se le faculta a determinar “la planta de personal, su distribución y asignación de funciones”. También, “asignar las dotaciones que estime correspondan a las distintas unidades del organismo, de conformidad con la estructura que establezca”. En cambio, no prevé ninguna jerarquización semejante y simultánea, de la participación de las entidades del cine, ni tampoco de las secretarías de cultura de las regiones culturales, en lo que hace a su participación en los temas que son sustantivos para el desarrollo de nuestra cinematografía y que están descriptos en la Ley de Cine. El decreto fija con fuerza de ley el sueldo del Presidente – Subsecretario de Estado – pero establece al mismo tiempo que el funcionamiento del “Consejo Asesor”, integrado por las entidades y las regiones culturales, no debe representar erogación alguna para el Instituto.
Convengamos entonces, que el mayor poder de decisión de uno, no se balancea con una mayor capacidad de asesoramiento y control por parte de quienes – directores, productores, técnicos, actores y representantes de la cultura regional- constituyen la base y el fundamento esencial del cine argentino.
Decimos esto, sin considerar que en estos momentos pueda existir una Dirección – o una Presidencia – del INCAA que nos merezca plena confianza. Lo hacemos, porque cualquier disposición legal debe prever cambios de gobiernos y de funcionarios y lo que hoy podría ser celebrado, mañana podría no serlo. Se trata de ir construyendo “políticas de Estado”, que superen las contingencias políticas a las cuales nuestro país – incluidos nosotros mismos – se ha ido acostumbrando.
Lo cierto es que la existencia de un “ente público no estatal”, destinado a fomentar la cultura y la industria del cine, sostenido además con recursos originados en el cine mismo, constituye un gran desafío para los propios cineastas, dado que dicho “ente” pasa a ser, de acuerdo con un decreto que tiene fuerza de ley, un instrumento al servicio de quienes construimos el cine argentino y, a su vez, lo retroalimentamos. Sin otras obligaciones que las de elevar planes e informes de gestión anual a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y de hacer saber cada tres meses a la Secretaría de Cultura de la Nación de la evolución de los estados contables y de la ejecución presupuestaria. El carácter autárquico de la gestión del INCAA, los cambios dispuestos en el decreto (ley) referido y la incerteza sobre las circunstancias políticas y económicas nacionales, implican un desafío mayor que nunca para el cine argentino. Se trata de instalar, con más rigor que hasta ahora, una presencia activa, representativa, democrática y co-responsable, en las decisiones que de se adopten en el Organismo, anteponiendo los intereses del cine y las artes audiovisuales – del conjunto del país y de cada una de sus provincias – a los de cada entidad, grupo o cineasta.
Este es, sin duda, un tema de reflexión – y de posible debate – que debería acompañar la celebración de la autarquía del INCAA, ya que, de lo contrario, todo podría quedar en un simple fuego de artificios.
El cine argentino está obligado a repensar crítica y autocríticamente, la experiencia realizada en los últimos años y debatir los cambios que podrían formularse para mejorar la situación del sector, no sólo la que es propia de los cineastas más experimentados, sino, particularmente, la de las nuevas generaciones que están pasando a ocupar merecidos espacios. País, sociedad, cultura, economía y cine, no son hoy ya lo que eran veinte, e incluso, diez años atrás. El mundo, tampoco. Han aparecido visibles cambios que podrían ser irreversibles. El camino que se abre no parece propicio para soluciones fáciles, sino para mayores dificultades o confrontaciones.
Corresponde entonces a los cineastas elaborar opciones deseables, a la par que posibles – para anticiparse a las de ciertos intereses ajenos al cine y a la cultura nacional – con el fin de construir alternativas de desarrollo que respeten la integridad económico-industrial del sector y la diversidad ideológica, cultural y poética de sus autores.
De no ser así, podría suceder que aparezcan en un horizonte cercano algunos presuntos “salvadores”, que con el pretexto de nuevos “ajustes del Estado”, “racionalización del gasto” u otros argumentos, intenten imponer, con viejos y renovados argumentos, sus propias recetas. A la cuales, tal vez les importe más otro tipo de proyectos, que los que deben ser propios de un cine en el que los argentinos nos sintamos de una u otra forma representados y expresados.
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FONTE
Blog de Octavio Getino
Data de Publicação: 2002
Link direto: http://bit.ly/fkfYIO